En fecha 29 de abril de 2020, el Ministerio de Hacienda dominicano, registró ante la Superintendencia de Valores (SIMV) una colocación de RD$30,000 millones, dirigidas a cuatro Administradoras de Fondos de Pensiones, la Popular, Crecer, Reservas y Siembra. Según se deriva del formulario de registro de la SIMV, la colocación forma parte de los RD$246,295 millones autorizados al gobierno para emitir, a fin de cubrir las necesidades brutas de financiamientos del presupuesto del 2020 y que ascienden a un equivalente de un 5.0% del PIB.
La base legal que sustenta la emisión y colocación, de conformidad con el registro de la emisión, son las leyes números 512-19 que autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a emitir y colocar el monto antes citado para cubrir el déficit financiero del presupuesto del año en curso, que asciende a RD$110,000 millones y el restante RD$136,000 millones para las aplicaciones financieras, de conformidad también a la Ley 506-19, que rige la ejecución presupuestaria del 2020.
En el facsímil del registro de la colocación ya referida, establece un monto de RD$30,000 millones; sin embargo, el monto que han dado a conocer las autoridades oficiales alcanza los RD$40,000 millones –a razón de RD$10,000 millones por cada AFP-, lo que representa una diferencia de RD$ 10 mil millones, no registrados y autorizados a transarse debidamente en el mercado de valores dominicano.
Sin embargo, la SIMV, así como además, las cuatro AFP, en sus decisiones de autorizar la colocación y en el de invertir en los bonos del Ministerio de Hacienda por covid-19, no repararon en el detalle del monto autorizado a colocar y en la base legal que indica Hacienda se sustentó para la operación concretada, lo que sienta un precedente no favorable para el mercado de valores y para las AFP como inversionistas profesionales.