MADRID.- Varias organizaciones españolas mostraron su apoyo a la reciente decisión del Senado dominicano de aprobar una propuesta de ley que reconoce la nacionalidad de las personas de ascendencia extranjera inscritas en el país entre 1929 y 2007, fundamentalmente haitianos.
Estas personas perdieron el derecho a la nacionalidad dominicana a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional de dicho país dictada en septiembre de 2013, la 168-13, que dejó en la apatridia a más de 250.000 hijos de extranjeros nacidos en la República Dominicana.
El Senado dominicano aprobó la semana pasada el proyecto de ley que establece un régimen especial para personas nacidas en el país inscritas irregularmente en el registro civil y sobre naturalización, que atañe, principalmente, a decenas de miles haitianos indocumentados.
Las organizaciones españolas ALBOAN, Coordinadora de Comités Óscar Romero, Entreculturas, InspirAction, InterRed, Manos Unidas y OCASHA-Cristianos con el Sur calificaron la nueva ley de «avance hacia la solución definitiva de una injusta situación que afronta uno de los colectivos más vulnerables de República Dominicana».
En un comunicado de prensa, en el que saludaron la ley especial presentada por el presidente Danilo Medina, las ONG recordaron que la falta de documentos identificativos impedía el acceso de estas personas a servicios básicos.
Las organizaciones animaron al Estado de la República Dominicana a «seguir el camino establecido hasta el momento en la lucha y el reconocimiento de derechos de las personas más vulnerables», puesto que «aún queda por resolver la situación de las personas no inscritas», recordaron, en particular las que no tienen documentación que registre su nacimiento.
Señalaron además que, aunque hasta 2010 la ley dominicana reconocía el derecho a la nacionalidad de las personas nacidas dentro de su territorio, «a muchos descendientes de haitianos se les denegaba la nacionalidad de manera rutinaria».
Dichas organizaciones españolas venían denunciando el problema desde hace semanas, e instaron a representantes políticos del Parlamento español y el europeo a firmar una carta dirigida al presidente dominicano mostrando su inquietud por este asunto.
Desde que el Tribunal Constitucional dominicano dictó la 168-13 varios entidades internacionales, como UNICEF, ACNUR o la CIDH criticaron la norma por considerarla contraria a la Convención de Derechos Humanos.