El presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), Julio César de la Rosa Tiburcio, consideró que la Cámara de Cuentas recién instalada debe reclamar los archivos de ese organismo que están en manos del Ministerio Público, obtenidos durante un allanamiento.
“No se puede justificar la profanación de que fue objeto ese órgano constitucional por parte del Ministerio Público. Si sospechaba que los integrantes de la Cámara de Cuentas habían incurrido en faltas graves en el ejercicio de sus funciones se debió cumplir con el procedimiento constitucional de procurar que la Cámara de Diputados realizara las investigaciones de lugar”, expresó de la Rosa Tiburcio.
En ese sentido, dijo que, si se encontrara alguna causal de faltas graves en el ejercicio de sus funciones, se debió presentar ante el Senado de la República una solicitud de juicio político.
El presidente de ADOCCO precisó que, si el Senado concluía destituyendo a los miembros de la Cámara de Cuentas, entonces el Ministerio Público podía destituir a sus integrantes; no así al órgano constitucional, a lo que representa emblemáticamente la Cámara de Cuentas como institución.
Explicó que conforme a la Ley 10-04 de ese organismo, todas las diligencias que realice durante las auditorías son documentos que deben reposar en su archivo y ser su guardián de los mismos. “La acción del Ministerio Público es una violación a esa norma”.
Entrevistado en el programa Toque Final con Julio Martínez Pozo, que se transmite por Antena 7, Julio César de la Rosa Tiburcio destacó que no conoce a los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas, excepto a la doctora Elsa Peña. Entiende que se debe esperar para ver el desempeño de los nuevos integrantes, cuyo presidente prometió rescatará la dignidad de ese organismo.
“Vamos a esperar que se produzca el desarrollo de la función de cada uno de estos representantes para verificar si realmente se logró el objetivo de la Cámara de Cuentas de auditar el gasto de todas las instituciones públicas. Es una aspiración que tenemos dudas, en vista de que ese órgano requiere de recursos financieros y humanos que puedan dar respuestas a estas demandas que establece la Ley 10-04”, manifestó.
Explicó que la aspiración de la sociedad es el cese de la impunidad y de la corrupción, por lo que la Cámara de Cuentas constituye el instrumento por excelencia para verificar si el gasto se produjo conforme a lo que establece la Ley de Presupuesto.
Indicó que para este año le parece imposible que ese organismo pueda realizar una labor eficiente, en vista de que el presupuesto aprobado para el año en curso quedó por debajo del que había planteado a la Dirección General de Presupuesto.