Diecisiete nigerianos que sobrevivieron a un naufragio mortal en el Mediterráneoa finales de 2017 denunciaron este martes a Italia ante la Corte Europea de Derechos Humanos por violar sus derechos al coordinar las operaciones de Libia para frenar la salida de migrantes, según han informado en Roma las ONGs que han presentado la querella. Esta es la primera denuncia contra los acuerdos alcanzados el año pasado por el Gobierno de Italia con las autoridades libias para reforzar a su Guardia Costera y que han supuesto que uno de cada tres migrantes que sale desde sus costas rumbo a Europa sea interceptado por los guardacostas libios. Los activistas que rescatan migrantes en el mar sostienen que el país norteafricano no es el puerto seguro que la ley internacional exige.
Los roces entre las autoridades italianas y libias y el puñado de ONG que se afanan por salvar a los que intentan cruzar el Mediterráneo central en patera son cada vez más frecuentes. Este mismo martes 105 migrantes tuvieron que esperar 30 horas a bordo del velero Astral, de Proactiva Open Arms, a que las autoridades italianas permitieran su traslado al barco fletado por SOS Mediterranee y Médicos Sin Fronteras para que fueran llevados a Italia.
La operación que origina la querella, suscrita por la ONG Global Legal Action Network (GLAN), ocurrió el 6 de noviembre de 2017. Una zódiac en la que viajaban 130 migrantes se hundía cuando, según los denunciantes, “la Guardia Costera de Libia interfirió en los esfuerzos de los activistas de la ONG Sea Watch por rescatarlos. Al menos 20 murieron”. Los que sobrevivieron fueron devueltos por los libios a tierra firme, donde sufrieron “detenciones en condiciones infrahumanas, palizas, extorsión hambre y violaciones. Dos de los supervivientes fueron posteriormente vendidos y torturados”, según una nota de GLAN.