NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Según un nuevo informe de LRN Corporation, en un momento en que las dificultades económicas y geopolíticas se ciernen sobre todo el mundo, las empresas y organizaciones deben prestar aún más (y no menos) atención a sus esfuerzos en materia de ética y cumplimiento para garantizar su capacidad de recuperación y un rendimiento óptimo.
La edición 2023 del Informe sobre Eficacia de los Programas de Ética y Cumplimiento de LRN se basa en las respuestas de un sondeo realizado a más de 1850 profesionales de la ética y el cumplimiento en empresas y organizaciones con al menos 1000 empleados, en 26 sectores y en 10 países, lo que lo convierte en el estudio más amplio y exhaustivo de su clase.
Según la investigación, el 85 % de los encuestados afirman que sus culturas éticas han salido reforzadas como resultado de sus experiencias ante los desafíos del año pasado, y más de la mitad de los encuestados otorgan a sus ejecutivos una alta puntuación por tener en cuenta las consideraciones éticas en la toma de decisiones empresariales. En términos más generales, la mayoría de los encuestados (un 84 %) afirma que sus organizaciones prefieren los valores a las normas cuando se trata de motivar a sus empleados a «hacer lo correcto».
Entre las conclusiones más destacadas del informe de este año se incluyen las siguientes:
- Solo la cuarta parte (25 %) de los encuestados afirma que tiene previsto mejorar su formación en materia de controles comerciales y sanciones, y algo menos de la mitad (45 %) ha reforzado los controles de riesgo relacionados con este ámbito.
- La mayoría de los encuestados (60 %) considera que su Consejo de Administración vela por que se tomen medidas eficaces contra la conducta indebida de los ejecutivos, y tres quintas partes afirman que su organización tiene requisitos formales para considerar el comportamiento ético de los ejecutivos y empleados en las evaluaciones de rendimiento, las decisiones de promoción, las primas y la contratación para funciones de control clave.
- Más de dos quintas partes (44 %) de los encuestados afirman que su organización ha sancionado o despedido a un ejecutivo o directivo de alto nivel por comportamiento poco ético en el último año, y tres cuartas partes (76 %) afirman que la persona en cuestión fue objeto de un «clawback» financiero.
Notas para los editores:
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