El cónsul de la República Dominicana en esta isla, Franklin Grullón, expuso ante miembros del cuerpo consular, autoridades estatales, rectores, catedráticos universitarios y miembros de la comunidad dominicana, aspectos sobre el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros que aplica su país.
En un encuentro, en el Restaurante La Casona, declaró que dicho plan está dirigido a otorgar estatus migratorio a todos los extranjeros que se residen ilegalmente en el país. Se trata, según dijo, de un innovador el proceso a través del cual fueron instaladas 24 oficinas en las gobernaciones del país, a donde los inmigrantes acuden y depositan los documentos para legalizar su presencia en la república Dominicana.
Grullón dijo que para ejecutar este plan hubo durante 18 meses una amplia campaña de publicidad, desarrollada por el gobierno dominicano y otras entidades, y organizaciones, y fueron adoptadas medidas para garantizar que el proceso fuera trasparente y organizado.
Indicó que han acudido a estos centros aproximadamente 300 mil personas, en su mayoría nativas de Haití, que es el principal emisor de emigrantes hacia la República Dominicana, pero sólo 8,755 depositaron su documentación a fin de aplicar a una categoría de residente permanente y poder optar, en dos años, a la naturalización.
“Para la aplicación de la Ley 169-14, del grupo A, la Junta Central Electoral, reconoció la ciudadanía dominicana a más de 55,000 ciudadanos”, dijo.
Añadió que, en virtud de este mandato legal, la Junta Central Electoral dispuso la acreditación como dominicanos de todas las personas de padres y madres en condición migratoria irregular que estaban inscritos en el Registro Civil.
“La República Dominicana es el único país que en esta década ha sido capaz de aprobar, con la mayor rapidez, y una gran cohesión social, una reforma migratoria inclusiva e integral que toca a todo el universo de los migrantes y sus descendientes”, indicó.
Consideró que el Plan de Regularización ha sido exitoso, ya que sienta un precedente en la historia del país, pero reconoció que no ha tenido la celeridad esperada debido a que Haití “es casi un Estado fallido, sin instituciones responsables que sirvan de contrapartida en la necesaria relación bilateral entre el Estado emisor y el Estado receptor”.
Puntualizó que ambos estados poseen políticas migratorias definidas, que son partes determinantes de su existencia nacional.