Por Félix Santana García
En los últimos días los medios de comunicación han traído informaciones relativas a la declinación del Banco Desarrollo Económico y social del Brasil de desembolsar un préstamo previamente concertado entre la República Dominicana con la señalada entidad financiera de esa nación suramericana por un importe de US$656.0 millones.
Lo anterior debido a los problemas económicos que enfrenta Brasil y los escándalos de corrupción que hoy la empresa brasileña Odebrecht, entidad ejecutora de los trabajos de las plantas eléctricas a carbón ubicadas en Punta Catalina, provincia Peravia, al sur de la nación dominicana tiene con la justicia de esa nación.
Ante tal situación el gobierno dominicano en apuros ante tal problema de financiamiento de dichas plantas atinó a invocar varias alternativas de financiamiento para continuar con la construcción de las mismas.
Entre las pocas o muchas opciones las autoridades dominicanas han pensado tal como se informó a la opinión pública financiar las señaladas plantas a través de préstamos del Deutsche Bank, el Banco Santander, el grupo SACE, y el BNDES pero debido a que las plantas que se construyen presentan debilidades graves respecto al estudio de impacto ambiental de estas, dichas entidades financieras muy criticadas por pretender financiar plantas de carbón tuvieron que desestimar y desistir dichos créditos.
En tanto, se pensó también financiar dichas plantas ofertar en el mercado primario de valores acciones comunes de dichas empresas eléctricas a los fines de obtener el capital que coadyuvaría terminar la construcción de las mismas.
Pero debido a la oposición de varios sectores de la vida nación y funcionarios del Gobierno de que no se debe privatizar el 49% del capital de esas empresas eléctricas, se optó por emitir bonos soberanos para cubrir el faltante de fondos para la terminación de las referidas plantas.
Para tales fines, el Gobierno Central remitió una carta al Congreso Nacional en la que solicita que se apruebe este año una ley que autorice al gobierno emitir bonos por $650.0 millones de dólares.
Pero también dicha alternativa ha encontrado oposición ya que las obligaciones públicas del país sobrepasan ya el 50% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 21% de los ingresos tributarios.
Como se sabe los préstamos son obligaciones o créditos a corto, mediano y largo plazo que las entidades de intermediación financiera que los otorgan cobran tasas activas de intereses, comisiones de compromisos, gastos de cierre y legales.
Las acciones, las que pueden ser preferentes o de rentas fijas y comunes o de rentas variables, estas últimas, representan participación en el capital de una empresa y son de mayor costo de capital ya que los tenedores de éstas son los más sacrificados debido a que asumen un mayor riesgo dentro de las entidades.
Mientras los bonos son instrumentos de deuda a largo plazo los que regularmente pagan una renta fija hasta su vencimiento, momento en el cual se reembolsa el capital a favor de los inversores.
Ante tales alternativas de financiamiento de las Plantas de Punta Catalina, han surgido opiniones encontradas ya que se alega primero que el hecho de que se opte por sustituir el préstamo de Brasil, no desembolsado por los problemas anteriormente señalados por emisiones de acciones comunes u ordinarias de dichas empresas sería comprometer y limitar al gobierno a no poder ofertar una energía más barata a favor del pueblo dominicano.
Segundo, el sustituir el préstamo denegado por Brasil por emisiones de bonos soberanos los cuales podrían ser emitidos con una tasa nominal, facial o la par de un 4% más una prima de riesgo de un 2.5 % sería cambiar una deuda de costo de capital menos alto por una deuda de más altos costos, ya que no obstante, los bonos ser de rentas fijas hasta su vencimiento, los préstamos serían menos costosos ya que dichos créditos por las garantías que les amparan son menos precio.
Esto así, porque mientras se hace una emisión de bonos se incurre en gastos flotantes constituidos por gastos legales, publicación, prima de riesgo, comisiones o gastos de lobismos o intermediación a favor de los corredores y bancos de inversión, así como por el costo capital propio de dicha emisión según el mercado de capitales
De manera que las autoridades dominicanas deben ser sumamente cuidadosas al decidir y sopesar cambiar una deuda por otra ya que al hacerlo se debe comparar la tasa interna de rendimiento que la inversión generaría versus el costo de capital promedio ponderado, en la que el rendimiento debe ser mayor que los costos financieros a los fines de evitar trabajar solo para pagar intereses y comisiones que harán más costosa la energía que se programa servir a la nación dominicana.
Además de que incrementaría la muy abultada deuda pública del país que luego se convertirá en más impuestos que los dominicanos tendrán que pagar ya que al fin y al cabo es un dinero ajeno que debe honrarse.
Por supuesto, los intermediarios o negociadores envueltos en estas deudas serán de criterio de que se recurra a emitir más bonos o más deuda sin tomar en cuenta la suerte de los dominicanos más vulnerables ya que estos solo piensan en aumentar sus riquezas a costa del sufrimiento de la mayoría.
Finalmente, ante tales disyuntivas se recomienda que se terminen de ejecutar los trabajos de dichas plantas mediante préstamos de tasas concesionarias o blandas, bien negociadas a través de Organismos Internacionales de Financiamientos y no con préstamos bilaterales y privados que solo benefician a unos cuantos y mucho menos con bonos soberanos.
El problema es complejo ya que muchos bancos bilaterales, multilaterales y privados no están en la disposición de financiar obras que atenten contra el medio ambiente.
Buena suerte a las autoridades ya que se han metido en camisa de once varas al otorgar un contrato de fabricación sobrevaluado y decidir la construcción de plantas que dañan la salud de los humanos y sobrevivencia del resto de los seres vivos.