El pasado viernes 7 de los corrientes la prensa dominicana trajo una de las principales noticias del ámbito fiscal relativa al sometimiento el pasado lunes 4 de agosto 2018 al Senado de la República por parte del Poder Ejecutivo de un Anteproyecto de Ley sobre Amnistía Patrimonial.
En lo inmediato esta información dio lugar a una serie de comentarios, temores y confusiones ya que dicho anteproyecto de convertirse en ley establecería la obligatoriedad de declarar todos los bienes muebles e inmuebles, dinero, entre otros activos en posesión de todos los dominicanos.
Este Anteproyecto de Ley iría en consonancia con la ya aprobada y promulgada la Ley de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo No. 155-17.
De manera que todos los dominicanos poseedores de bienes susceptibles de declaración o revalorización patrimonial, tenencia de moneda nacional y extranjera depositada en una entidad financiera regulada o cualquier patrimonio que implique reducción de activos tendrían que informar mediante declaración jurada ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Este proyecto de ley de declaración patrimonial y revalorización tiene la característica de convertirse en una ley de amnistía fiscal que establecería un régimen tributario especial transitorio para que las personas y empresas transparenten sus bienes inmuebles no declarados ante la administración fiscal.
A pesar de que aún no ha sido publicado en detalle el texto del mismo de dicho proyecto ley se afirma que el impuesto especial sobre el valor de los bienes declarados de forma voluntaria se fijó en un pago único y definitivo de un 3% sobre el valor declarado en el caso de los inmuebles y una tasa de 5% sobre otros activos, conforme el artículo 6 del párrafo II de dicho anteproyecto de ley No. 00769.