Santo Domingo, R.D. Noviembre 6, 2024. – El exdirector de Migración, José Ricardo Taveras, afirmó que lo único que queda es rogar al presidente Luis Abinader para que retire el acuerdo de delimitación de fronteras marítimas entre República Dominicana y el Reino de los Países Bajos y que se realice una renegociación.
´´Está en manos del Presidente retirar este conflictivo acuerdo para someterlo a un escrutinio técnico y científico que lo depure y lo transparente. Una segunda opción es que el Congreso sencillamente lo desestime porque una vez consagrado y ratificado habrán sacrificado importantes espacios marítimos de la República Dominicana sin saber las riquezas que hay en el subsuelo marino¨, aseguró Taveras.
Dijo que se debe ir ante la Corte Internacional de Justicia para que se le reconozca la competencia de dirimir el tema y que no tiene la menor duda de que, en base a las circunstancias especiales que tienen que ver con la geomorfología, la población y las islas, se tendría ganancia de causa que permitiría una mejor negociación.
Entrevistado en el programa Toque Final con Julio Martínez Pozo que se transmite por Antena el abogado consideró que lo que debió ocurrir es que el país negociara en base a su condición de Estado archipelágico y que en ese contexto se le reconociera facultad, se le atribuyera competencia a dicha corte para que dirimiera el diferendo de la República Dominicana y se hiciera un pacto sobre la base del principio de equidad.
¨Tenemos todas las condiciones para ser reconocidos como Estado archipelágico, pero no es lo que ha hecho el Gobierno. Negocia con Países Bajos este acuerdo e incurre en el error de alejarse de toda la normativa que se fue construyendo durante 28 años¨, expresó.
El exdirector de Migración indicó que el Estado dominicano informa las circunstancias del acuerdo, pero no da una explicación de cuáles serían las razones técnicas por las que procede contrariar el estatuto legislativo de derecho interno, incluso con gran valor de derecho convencional por las reservas que el Congreso hizo al autorizar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), tras enfatizar, que con ello el Gobierno violó la Constitución de la República.
¨Nuestro sistema legal no contempla la suscripción de elementos, convenciones, negociaciones internacionales que conlleven acuerdos que puedan contravenir la Constitución. El Tribunal Constitucional está en el deber de hacer ese análisis y nos falló como nación¨, manifestó el abogado.
Explicó que las consideraciones, sobre todo, las disposiciones del Artículo nueve de la Constitución establecen que solamente se podrán hacer negociaciones en los términos más convenientes establecidos por el Derecho Internacional del Mar y que el Gobierno ha negociado sobre el principio de equidistancia catalogado por la Corte de la Haya como inicuo.
En ese sentido, explicó que la República Dominicana ha hecho una opción de delimitación marítima de equidad, sin embargo, ha negociado sobre la base de dicho principio, que, a su entender, es improcedente.
¨Reivindicamos como Estado archipelágico porque tenemos, entre otras cosas, 150 islas, emersiones, arrecifes, cordilleras submarinas, etc. El mar territorial se comienza a medir a partir de las costas de las islas y conforme al derecho internacional podemos reivindicar doce millas náuticas de mar territorial y a partir de ahí viene la zona económica exclusiva, esas aguas que están dentro del espacio de las islas son denominas archipelágicas y no se consideran parte de la medición, sin embargo, el acuerdo en cuestión si las considera, y es ahí cuando terminamos perdiendo¨, informó.
El exdirector de Migración reiteró que al plantear la equidistancia sin establecer nuestra condición de Estado archipelágico el país está perdiendo.
Dijo que hay que atender a una serie de circunstancias geomorfológicas, de población, de anchura de costas, que el país tiene de manera muy superior en lo que respecta a las islas en base a las que el reino de los países bajos está reivindicando espacios marítimos.
¨En nuestro criterio el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que es nula y es una falta grave de parte del TC que debe ser observada por el Congreso. Es nula porque el quórum requiere de nueve votos, un voto salvado puede servir para constituir el quórum siempre y cuando se suma el dispositivo de la sentencia y difiera en los aspectos que tienen que ver con la motivación¨, precisó Taveras.
Agregó que hay un voto que es disidente porque, aunque lo titulan como salvado en sus motivaciones, es absolutamente contrario al dispositivo de la sentencia.