Este 4 de noviembre entra en vigor el Acuerdo de París sobre el cambio climático, aquel que más de 190 países del mundo firmaron – incluyendo una mayoría de latinoamericanos – y que se comprometen a contener el aumento de la temperatura media “muy por debajo de los dos grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales”, con el convencimiento de que ésta acción “reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático”.
En síntesis, el Acuerdo de París prevé que cada país revise cada cinco años sus compromisos para disminuir sus emisiones de gases de efecto de invernadero (GEI). Y hasta ahora ya ha sido ratificado por más de 95 estados que dan cuenta de más del 60% de los GEI en el mundo. Misión cumplida.
Esto se da tan solo unos días antes de que comience la ahora célebre COP22 de Marrakech. Y tal como expresaron desde el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), si la #COP21 fue la cumbre de la negociación, la #COP22 es la cumbre de la acción.
En definitiva, son acciones concretas (contribuciones) que los países deben llevar a cabo en su agenda post 2020 para intensificar su lucha contra el cambio climático, ya sea para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o para adaptarse a los impactos producidos por ese fenómeno.
Una plataforma web creada por el Banco Mundial permite conocer en detalle las contribuciones de cada país y sus áreas de influencia – agricultura, deforestación, suministro de agua, entre otras.
Latinos en tierra marroquí
América Latina y Caribe es de las regiones que menos contaminan en el mundo pero sus países figuran entre los más ambiciosos en términos de lucha contra el cambio climático con estrategias como los mercados de carbono y las energías renovables.
De hecho, más de dos tercios de los planes de acción climática de las naciones latinoamericanas se refieren al precio del carbono y utilizan cada vez más los mercados de carbono para reducir las emisiones de GEI y para proteger sus economías. El esquema es simple: en este mercado se establece un precio para el gas, que se le “compra” a los emisores, los cuales a su vez usan ese dinero para hacer inversiones en la reducción de esas emisiones.
Por otra parte, es muy probable que el nivel de inversión en energía limpia en América Latina y el Caribe llegue a un billón de dólares para el 2040, según datos del IFC, institución del Banco Mundial que se enfoca en el sector privado.
Para la región y para el mundo es crucial mantener la temperatura global por debajo de los dos grados centígrados. Antes del Acuerdo de París, la tendencia de calentamiento actual indicaba que se llegaría a un mundo cuatro grados más caluroso para el 2100 con consecuencias catastróficas para el planeta, según el estudio “Bajemos la temperatura”.
En concreto, estas son las metas de algunos países latinoamericanos frente al cambio climático:
Argentina: mejorará su contribución al año 2030 bajando sus emisiones de 570 a 488 millones de toneladas de dióxido de carbono. Según una investigación, el costo de la degradación del medio ambiente equivale a un valor económico de aproximadamente el 8% del PBI del país.
Brasil: asumió el compromiso de limitar sus emisiones contaminantes anuales a 1.300 millones toneladas de dióxido de carbono para 2025, lo que supondría una reducción del 36,1 % respecto a 2005.
Colombia: entre sus contribuciones se destacan reducir las emisiones de GEI del país 20% en relación a las emisiones proyectadas para 2030 y aumentar la resiliencia y la capacidad adaptativa del país a través de 10 acciones sectoriales y territoriales.
México: se compromete a reducir sus emisiones de gas de efecto invernadero en un 25% para 2030, generar 35% de energía limpia para el 2024 y 43% para el 2030. Además, en noviembre se lanza un esquema piloto de comercio de derechos de emisiones que durará 12 meses, con anticipación a la completa implementación del mercado nacional de carbono en 2018.
Pero no solo son los gobiernos quienes están comprometidos en la lucha. Hoy por hoy, se registran más de 11.000 compromisos de acción climática por parte de organizaciones de la sociedad civil, empresas privadas, ciudades y hasta cooperativas, lo que contribuirá sustantivamente al compromiso global de ponerle una fecha de “expiración” a la dinámica actual del calentamiento global.