Por Lic. Félix Santana García
Cada año el Presupuesto General del Estado de la República Dominicana aprobado previamente por el Consejo de Gobierno es enviado al Congreso Nacional con el propósito de que esta última instancia del Estado lo conozca, ajuste si es necesario y apruebe tal como expresa la Ley Orgánica de la Dirección General de Presupuestos No. 423-06 y la Constitución de la nación.
Ante los continuos déficits que año tras año presentan los presupuestos generales del Estado Dominicano a través de los distintos medios de comunicación se aprovecha la oportunidad para reclamar nuevos recortes presupuestarios.
La presencia de un elevado déficit en los períodos de pleno empleo o empleo ajustado a la capacidad instalada de las empresas tiene graves consecuencias, entre las cuales se encuentran la reducción del ahorro y la inversión nacionales y el crecimiento económico a largo plazo.
La forma más fácil o cómoda para las administraciones del Partido de la Liberación Dominicana es el de endeudar al país que cada año va en aumento al extremo de que este ya representa de forma consolidada casi el 50% del Producto Interno Bruto (PIB).
Es del conocimiento de todos que los gobiernos utilizan los presupuestos para planificar y controlar las cuestiones fiscales, es decir, los ingresos por recaudaciones, préstamos, donaciones y transferencias. Los presupuestos muestran los gastos planeados y los ingresos esperados en un año dado que generarán el sistema de impuestos.
Hace tiempo que no se conoce un presupuesto equilibrado, es decir, un presupuesto donde los ingresos sean iguales que los gastos. También se sabe que cuando el Estado incurre en un déficit presupuestario, debe pedir préstamos, emitir bonos, que son pagarés que prometen pagar dinero en una determinada fecha futura.
La deuda pública son los préstamos totales o acumulados que ha recibido el Estado; es el valor monetario total de los bonos del Estado que se encuentran en manos del público.
El presupuesto del Estado desempeña tres grandes funciones económicas, en primer lugar, es un instrumento por medio del cual la producción nacional se divide en consumo e inversión privados y publicos.
En segundo lugar, el presupuesto del Estado afecta, a través de los gastos directos y los incentivos fiscales indirectos los factores de trabajo, capital y producción. La tercera función es la política fiscal, es decir, la influencia del presupuesto en los objetivos macroeconómicos claves.
Muchos economistas sostienen que un aumento del déficit presupuestario significa un estímulo del crecimiento económico que podría reducir el desempleo y sacar a la economía de una recesión, mientras otros creen que una reducción del déficit o un superavit podrían frenar una economía recalentada y eliminar la amenaza inflacionaria.
Cada déficit es financiado con deuda y esta se convierte en más impuestos que pagan los dominicanos. La carga de una deuda externa representa una reducción de las posibilidades de consumo del país.
Hoy en día se comenta en la República Dominicana que el pago de intereses de la deuda representa unos RD$21.00 pesos por cada peso recaudado de impuestos.
El pasado miércoles 16 de noviembre del año que discurre el Senado declaró de urgencia y aprobó en dos sesiones consecutivas el proyecto de Presupuesto General del Estado correspondiente al año 2017, ascendente a RD$711,399.4 millones, tal como lo sometió el Poder Ejecutivo, así como también aprobó más préstamos por 74.5 millones de Euros y US$50.0 millones.
También el Senado aprobó de urgencia un proyecto de ley de bonos por RD$122,888 millones o su equivalente en moneda extranjera para sustentar parte del presupuesto del año 2017.
El proyecto de Presupuesto y las demás iniciativas pasarán ahora al conocimiento de la Cámara de Diputados que de ser aprobadas tal como lo hicieron los senadores se convertirán en Leyes una vez el Poder Ejecutivo las promulgue.
Mucho se ha comentado y se ha propuesto que se realice una reforma fiscal integral que atañe los ingresos y los gastos a los fines de eliminar o aminorar los déficits, que el del próximo año sobrepasará los RD $84,000 millones o el 2.3% del PIB.
Tan poco se le ha dado carácter a la aprobación de la reclamada Ley de Responsabilidad Fiscal la cual establecerá un tope al endeudamiento, mientras el Gobierno sigue aprobando impuestos medalaganariamente e incrementando la deuda pública ya que a través del caos y la mala planificación se busca pescar en rio revuelto lográndose propósitos malsanos.
De manera que artículos periodísticos, comentarios, noticias y reflexiones enjundiosas acerca de cómo deben formularse y ejecutarse los presupuestos han caído al vacío ya que en los aspectos financiero, económico y político siempre prevalece el criterio de las autoridades haciéndole un flaco servicio a la democracia.
El presente artículo como los demás de diferentes sectores de la sociedad dominicana dirigidos a institucionalizar el país caerán en el sexto de la basura pues no tienen ningún valor que se opine a favor de mejorar las acciones de los funcionarios que se han constituidos en batuta y constitución donde solo se oyen sus criterios y voces cuando se sabe que el país le pertenece a todos los dominicanos que deben tener voz y voto en el accionar mismo de la nación.