MANHATTAN.- El escándalo que en estos días salpica a la Junta Directiva del Desfile Nacional Puertorriqueño —investigada por supuestas irregularidades financieras por el Fiscal General del Estado de Nueva York—no es un fenómeno exclusivo de este evento. Muchos desfiles y festivales se han visto también envueltos en grandes controversias.
Basta pensar en la polémica suscitada por la discriminación de la comunidad gay en la próxima marcha del Día de San Patricio—que por primera vez en 20 años no contará con la presencia del alcalde de Nueva York como protesta ante esa exclusión—, los reiterados disturbios acontecidos durante la West Indian Parade, o las críticas de los defensores de derechos indígenas contra Cristóbal Colón, figura central de la celebración de la comunidad italiana.
Todos estos desfiles son realizados por organizaciones sin fines de lucro, que de acuerdo con la legislación vigente deben estar registradas ante el Charities Bureau de la Fiscalía del Estado y presentar anualmente ante ella una rendición de cuentas.
El incumplimiento de estas obligaciones puede ocasionar sanciones que llegan hasta la cancelación del registro, entre otras acciones legales.
Al menos dos de estas organizaciones hispanas—la Queens Dominican Parade Inc. y el Yonkers Puerto Rican Day Parade Foundation Inc.—perdieron su estatus por este motivo. La información correspondiente a estos casos, como la de las demás organizaciones—puede obtenerse en el sitio web de Charities Bureau (www.charitiesnys.com).
El cierre de una organización no significa necesariamente el fin del desfile, que en muchos casos se produce por los enfrentamientos entre distintas facciones comunitarias.
Este fue el caso, por ejemplo, del Desfile Nacional Dominicano. En 2008, un grupo encabezado por el sacerdote católico Ricardo Fajardo solicitó organizar una marcha separada de la oficial por estar en desacuerdo con el presidente de la organización, Nelson Peña. El Departamento de Policía de la ciudad (NYPD), ante quien corresponde tramitar los permisos, denegó la petición.
En 2011, Peña fue demandado por un exGran Mariscal del desfile, el empresario Rafael Álvarez, quien reclamaba la devolución de un préstamo de $30,000 a la organización. Peña ganó el litigio.
En 2003, el consulado mexicano y varios grupos comunitarios, entre ellos la emblemática Asociación Tepeyac, decidieron abstenerse de participar en el Desfile de la Independencia de México al considerar que sus organizadores, el Centro Cívico Mexicano, no buscaban el beneficio comunitario.
Historias similares pueden encontrarse prácticamente en todos las comunidades que organizan eventos. O como dice el viejo proverbi “No hay peor cuña que la de la misma madera”.