Este fin de semana líderes campesinas, defensoras de derechos humanos organizaron dos encuentros en Azua y Baní con representantes legislativos para expresar su preocupación por la situación de vulneración de derechos que atraviesan las mujeres, particularmente las campesinas.
Juana Mercedes en nombre de la Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA) y de la Federación de Mujeres Campesinas de Baní (FEMUCABA) manifestó a Wilton Guerrero, senador del PLD por la provincia Peravia, que las mujeres representan el mayor número de la población votante en esa provincia, sin embargo, sus necesidades no son priorizadas.
Recordó al senador que el 30% de los hogares están en situación de hacinamiento, poniendo en riesgo a mujeres y niñas frente a la violencia sexual y de salud “Las altas tasas de embarazo en adolescentes en la provincia es alarmante. Vemos decenas de jóvenes en estado de gestación en los núcleos familiares, en las calles y en las escuelas”, expresó Mercedes.
La líder campesina dijo, además, que en los últimos 6 años 18 mujeres han muerto en Baní por causas relacionadas con el embarazo, lo que debe llamar la atención de las autoridades de salud y gobierno.
El primer encuentro realizado en el municipio de Baní con la asistencia de un grupo importante de representantes de las federaciones, que expresaron al legislador que las mujeres sufren violencia en todos los sentidos, económico, político y social, por tanto, viven un nivel de vida más bajo que el resto de los ciudadanos.
Mientras en Azua, el diputado Julio Alberto Brito Peña del Partido de la Liberación Dominicana, y la diputada Lía Díaz, del Partido Revolucionario Moderno, escucharon las demandas de Elsa Sánchez, en nombre de más de 10 organizaciones que integran la Federación de Campesinos y Campesinas Independientes Mamá Tingó (FECAIMAT).
La representante de FECAIMAT, explicó ante los congresistas que es una vergüenza para la provincia de Azua las más de 30 mujeres muertas por situaciones relacionadas con el embarazo, que la mortalidad infantil sea de 35 por cada 1000 niños y niñas, mientras a nivel nacional es de 32.
En los encuentros, ambas líderes campesinas, de manera indistinta, indicaron que un país moderno protege a las mujeres cuando el embarazo pone en riesgo su vida, que obligar a las niñas y adolescentes a convertirse en madres como consecuencia de violación es cruel e inhumano, y que en esta legislatura los legisladores pueden hacer historia protegiendo la vida, salud y dignidad de las mujeres en el país, aprobando la despenalización del aborto en 3 causas extremas en el Código Penal.