Los países de América Latina y el Caribe requieren tanto de fuentes de financiamiento externas como internas para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y así erradicar la pobreza extrema, reducir la desigualdad en todas sus dimensiones y lograr un crecimiento económico inclusivo y sostenible. Para ello es fundamental que generen políticas públicas adecuadas para fortalecer la recaudación tributaria. Esto implica mejorar la gobernanza de los incentivos tributarios, señalan la Cepal y Oxfam en un nuevo informe.
La publicación conjunta Los incentivos fiscales a las empresas en América Latina y el Caribe que se presenta hoy en La Antigua, Guatemala, durante el “Taller técnico regional sobre incentivos fiscales”, que se realiza hasta este martes 10 de septiembre, bajo la organización de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Oxfam, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid). Este taller tiene como objetivo contribuir a la formación de capacidades en materias tributarias y conformar una red de trabajo entre los responsables de esas áreas en los gobiernos, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales.
Este informe recoge un detallado análisis de los tratamientos tributarios preferenciales que otorgan los gobiernos en América Latina y el Caribe, enfocándose específicamente en el estudio de los incentivos fiscales que se otorgan a las empresas para estimular la inversión o la creación de empleo. Plantea además que alcanzar el equilibrio adecuado entre un régimen tributario atractivo para la inversión, mediante por ejemplo el uso de incentivos tributarios, y asegurar los recursos necesarios para el gasto público, es un dilema clave de política.
“La efectividad de la política de incentivos tributarios depende, en gran medida, de una buena gobernanza en su diseño, definición, implementación, gestión, seguimiento y evaluación, donde los aspectos relacionados con la transparencia, la rendición de cuentas y la coordinación entre actores clave adquieren particular relevancia”, señala el informe.
De acuerdo con el informe, a pesar de los potenciales beneficios que pueden generar, los incentivos tributarios se traducen en recursos fiscales que los Estados dejan de percibir. Entre 2016 y 2019, los gastos tributarios en América Latina -es decir, los recursos dejados de percibir por el Estado por la existencia de incentivos o beneficios que reducen la carga tributaria directa o indirecta de determinados contribuyentes representaron en promedio el 3,7% del Producto Interno Bruto (PIB).