En una acción sin precedentes, cerca de 90 entidades, empresas, asociaciones e instituciones dominicanas, representativas del tejido social, económico y productivo de la República Dominicana, han defendido ante el Tribunal Superior Administrativo la acción de amparo presentada por la vulneración de los Derechos fundamentales a la libertad de empresa, contratación, libre competencia y a la libertad de tránsito.
Entre las asociaciones integrantes de la acción de amparo figuran, entre otras, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa, Asociación de Industrias de la Región Norte, ADOZONA, Organización Nacional de Empresas Comerciales, Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjera, Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores. Todas ellas han hecho causa común para garantizar la salvaguarda de los derechos fundamentales vulnerados y crear las condiciones institucionales para un real reordenamiento del transporte que permita la libertad de empresa y garantice que los dominicanos disfruten de un sistema de transporte eficiente, seguro y digno.
La acción de amparo, presentada a través del equipo de abogados que lidera el jurista Eduardo Jorge Prats –experto en Derecho Constitucional-, solicita en concreto que se ordene a los órganos estatales vinculados con el transporte terrestre de carga y de pasajeros, cumplir con las obligaciones legales y administrativas previstas en nuestro ordenamiento, a fin de erradicar prácticas anticompetitivas existentes en ambos sectores. Se alega en concreto que varias instituciones del Estado regentes y responsables del sistema de transporte omiten el cumplimiento de las leyes, creando un sistema de abuso de posición dominante en el servicio, violentando derechos fundamentales de otros actores en la economía y creando con ello graves perjuicios a la economía de la República Dominicana.
Actitud permisiva
La acción de amparo argumenta que existe una situación de inconstitucionalidad en el sector transporte y que las instituciones oficiales que regulan esta política, en lugar de ejercer las funciones de control que legalmente les han sido asignadas, han entrado en contubernio con los mal llamados sindicalistas, permitiendo con su actitud permisiva que esta situación se perpetúe por décadas. En concreto, se señala al Ministerio de Trabajo, Industria y Comercio, Defensa, la Policía Nacional, Ministerio de Interior y Policía, Oficina Técnica del Transporte Terrestre y al Ministerio de Turismo por no garantizar la libre actividad de los trabajos de carga y descarga en el país -tal como dispone la ley-, en perjuicio de accionantes.
Señalan que la omisión del cumplimiento de la ley que prohíbe el abuso de posición dominante en el sector de carga y transporte de pasajeros es una violación a las propias leyes en que se asientan las instituciones vinculantes del gobierno, en perjuicio de los distintos actores del sistema de transporte y en exclusivo beneficio de particulares. Se argumenta que el Ministerio de Trabajo es la institución responsable de hacer cumplir la ley 587-64 que prohíbe prácticas anticompetitivas en provecho de particulares en los trabajos de carga o descarga de buques en los puertos y muelles de la República Dominicana. Por su parte, las demás instituciones responsables deben velar por un clima de garantías y de libertad de tránsito en el transporte terrestre de carga yen la circulación de pasajeros del país.
Los demandantes exigen el cumplimiento de los deberes legales y administrativos omitidos por parte de las citadas instituciones gubernamentales en lo relativo al libre transporte de carga y descarga. Argumentan los abogados actuantes que durante años el transporte terrestre de carga se ha caracterizado por el caos y la arbitrariedad, debido a exitosos esfuerzos de asociaciones de transportistas como FENATRADO por lograr el poder y control absoluto sobre el transporte de la carga generada en los diferentes muelles, puertos y zonas industriales del país. “Es imposible que nuestro país se convierta en un centro logístico regional con un sistema actual de transporte anacrónico, caro e informal, que no obedece las reglas de libre mercado y libre competencia, y que no asume su responsabilidad frente a la sociedad”, afirman los demandantes.
Acciones anticompetitivas
Igual observación la hicieron con respecto al transporte de pasajeros, de lo cual indican que por años el sector de los sindicatos de transporte, valiéndose de actos violentos e intimidaciones han logrado el control prácticamente absoluto sobre la prestación de dicho servicio, tanto para el público en todo el territorio como en el sector turismo. Además, la negligencia de la Administración a la hora de ordenar el sector del transporte ha provocado graves consecuencias a la población.
Las asociaciones empresariales y sociales aseguran que los órganos estatales tienen la obligación de velar para que no se produzcan acciones anticompetitivas en el transporte terrestre de carga y en el transporte terrestre de pasajeros, de defender a las empresas y asociaciones empresariales frente a las prácticas concertadas y a los actos vandálicos realizados por las confederaciones, federaciones y sindicatos de transporte terrestre de carga y de pasajeros, violatorios de los derechos fundamentales a la libertad de empresa, a la libertad de contratación, a la libre competencia y a la libertad de tránsito.